lunes, 19 de noviembre de 2018

El Aeropuerto de Texcoco.



Por: Roberto Gómez Navarrete.

El citado proyecto anunciado el 22 de octubre de 2001, en el gobierno de Vicente Fox, contaría con una inversión de $1,863 millones de dólares en su fase inicial, para construirse en 360 hectáreas de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco, con la perspectiva de recibir más de 60 millones pasajeros al año. La inversión total sería de 3 mil millones de dólares, la obra se concluiría en cinco años, con una vida útil de 50 años.

 La única voz opositora entonces a dicho proyecto fue la de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; manifestando que la construcción de dicha obra significaba un golpe para la ciudad de México y cuyo beneficio sólo era para “los grupo de interés”.

Ese mismo día también los ejidatarios iniciaron su lucha, Horacio Duarte por ese entonces alcalde de Texcoco manifestó que: “nunca se nos tomó en cuenta”, y ante la acción de la Federación, era comprensible la protesta de los ejidatarios de San Salvador Atenco y Texcoco. La acción presidencial propició juicios legales que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia; no sólo fueron los amparos, sino que la lucha intensificó, incluyendo marchas, protestas y bloqueos; así como la “invasión a la Ciudad de México” de los inconformes, con machetes en mano, hasta la Cámara de Diputados. Este movimiento y la muerte de un campesino propiciaron que se cancelara el proyecto en 2002.

Los ejidatarios se organizaron en defensa de las tierras, Ignacio Del Valle como líder del Frente histórico de: Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, se mantuvo en resistencia durante todo el sexenio de Fox.

La aversión contra los ejidatarios de Atenco desató la represión estatal disfrazada de conflicto entre floristas y policías municipales de Texcoco. Lo que ocasionó el enfrentamiento que duró cuarenta y ocho horas entre policía federal y estatal contra los pobladores, donde de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, se cometieron abusos de parte de las autoridades: violencia desmedida, detenciones arbitrarias de más de ciento cuarenta personas, la muerte de dos estudiantes y la violación de mujeres durante el operativo de traslado a la ciudad de Toluca ese 4 de marzo de 2006. De este hecho lamentable y lleno de injusticias se culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México.

El mismo mandatario ya como presidente de México, en septiembre de 2014, anunciaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAICM, con una inversión de 169 mil millones de pesos, que hoy ha aumentado debido a la devaluación del peso frente al dólar. No obstante, la obra en 4 años lleva apenas un avance del 30 por ciento.

Hoy en 2018 el Proyecto del NAICM fue llevado a Consulta Nacional para determinar su permanencia, por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. A todas luces el citado Proyecto tuvo sus orígenes y bases totalmente injustas, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto expropió tierras de propiedad federal y desestimó las obras de recuperación ambiental en el ex lago de Texcoco.

No cabe duda, fue un proyecto injusto, insustentable, antiecológico alimentado desde el principio por ambiciones de empresarios adictos al gobierno de Peña Nieto, que ignoraron los 50 años de inversiones en el Plan Lago de Texcoco promovido por los ingenieros Nabor Carrillo y Gerardo Cruickshank.

No les importó anular el último reducto de lo que fue una de las regiones lacustres más importante del país, integrada por los lagos de Chalco, Texcoco, Xaltocan, Xochimilco y Zumpango, con una superficie de mil 500 kilómetros cuadrados, dañando severamente a la flora y fauna endémicas, así como los flujos de aves migratorias, y desincorporando esta área de reserva ecológica en favor de particulares beneficiarios del proyecto.

Además es claro que ha prevalecido desde el inicio el modelo autoritario de gobierno amparado en actos múltiples de corrupciones, bajo el amparo de la absoluta impunidad. Por ello la discusión sobre seguir o no seguir el proyecto era necesaria.

El proyecto ha sido anulado mediante la Consulta sugerida por López Obrador. El mismo que se ha enfrentado a los empresarios, y que ha consensado a favor de las obras del aeropuerto en Santa Lucia. Y que nos lleva a cuestionar el por qué en México, nuestro país, existe fidelidad a los preceptos negativos que hoy trastocan la vida pacífica del país.

Continua el reto de construir, para fortalecer las hoy precarias instituciones democráticas. Un país debe vivir con las reglas de una democracia real y firme, con las soluciones donde el pueblo tenga las garantías de participar y hacer el cambio, integrando a todo proyecto las variables económicas, sociales, culturales, políticas y sobre todo ambientales.


viernes, 16 de noviembre de 2018

Crisis forestal en México..





Por Roberto Gómez Navarrete.
Pese a que la Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), afirmaron que fortalecen las acciones de vigilancia para garantizar la conservación, así como la protección y el cuidado de los recursos naturales.

En los resultados publicados por la Plataforma global Forest Watch  se informó que de 2015 a 2016 México ha perdido 253 mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán. La deforestación aumentó en un 37% a nivel nacional, al pasar en este periodo de 184 mil hectáreas a 253 mil hectáreas la superficie aprovechada.

Es así como se configura la crisis forestal del país dado el deficiente control ejercido por las autoridades. Donde se constata que el gobierno tampoco ha cumplido en el ofertar opciones productivas a los taladores ilegales en programas productivos, y los habitantes de zonas forestales siguen viviendo en pobreza. Es decir, sabemos que un alto porcentaje de la madera obtenida ilegalmente es la que sostiene al mercado maderable, y que obtienen beneficios cuantiosos los que la comercializan, mientras que los que talan y dejan sus campos en verdaderos desiertos siguen padeciendo carencias.

¿Dónde están los apoyos del gobierno en la materia?

El discurso oficial habla de apoyos que llegan sólo a unos cuantos, no se toma en consideración en la explotación y aprovechamientos de madera, materiales pétreos y suelo fértil las afectaciones a los ecosistemas, a la biodiversidad. Se privilegian cultivos comerciales, se cambia el tipo de cultivos  como la siembra del aguacate, la soya y la palma de aceite, en zonas con vocación forestal.

El gobierno federal actual se comprometió a reforestar ¡Un millón de hectáreas! Meta alcanzada hoy en un 88.5 por ciento según los responsables.

La Profepa menciona que de 206 a 2017 se han realizado 997 recorridos de vigilancia más 456 operativos en materia forestal. Se han clausurado 146 aserraderos y se ha asegurado 48 mil 146 metros cúbicos de madera en rollo, y se han producido 847 toneladas de carbón vegetal.

¿Cuál es la evaluación final entre lo sembrado y lo arrasado? No se especifica por los responsables de la política ambiental y forestal.

Surgen las interrogantes:
 ¿Cuál ha sido el destino de lo incautado? ¿Quién se beneficia? Es legítimo preguntar ¿Qué destino se da a todos los miles de metros cúbicos de madera en rollo en rollo aprovechados?  ¿Ingresará el monto de su venta al Patrimonio Nacional? ¿Será la SHCP la beneficiaria de estos recursos? o ¿Quedará en manos de funcionarios?

Suponemos que la modalidad de servicios ambientales debería estar presente. De no ser así ¿Qué sucede con estos recursos? ¿Quién garantiza la permanencia del recurso propuesta por el concepto de desarrollo sustentable?

Las clausuras se deben a que no hay autorización, sin embargo, las autorizaciones las dan las mismas dependencias, entonces ¿Cómo se contribuye a la recuperación forestal?

Mientras tanto es un hecho la depredación de los bosques en la entidad, tan sólo en los bosques de Amecameca, en la zona del Izta-Popo la tala clandestina se ha incrementado en un 500 por ciento de 2012 a la fecha, como lo afirmó el expresidente de los bienes comunales Fernando Cisneros Velázquez de. Ante la inamovilidad de la PROFEPA que no actúa de forma seria ni responsable.

La Comisión Nacional Forestal ha aumentado su presupuesto en más de 3 mil 200 por ciento, desde su creación en 2001. Ha aumentado 32 veces desde su creación, sin que las acciones logren erradicar tanto la tala clandestina, como el pastoreo, los incendios y la explotación irracional de bancos de arena y material pétreo. 

En lo social el aumento presupuestal de la CONAFOR se ha dado sin que la situación de pobreza y miseria de los 13 millones de habitantes de zonas arboladas haya mejorado. De acuerdo a datos del INEGI continúan en las mismas o peores condiciones de pobreza.

Los hechos muestran así un despliegue de recursos para conservar las zonas forestales del país, un marco jurídico que norma los aprovechamientos “legales”; sin embargo, la falta de supervisión y el abandono de las zonas forestales y sus habitantes muestra la otra cara, la del desastre forestal que aqueja al país y en especial al Estado de México.

Urge que las instancias estatales: la Protectora de Bosques, PROBOSQUE, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, se coordinen tanto con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA; el ecocidio forestal en el Estado de México debe terminar.

Por otro lado, la política forestal ha incrementado el número de campesinos pobres que se ven obligados a dedicarse a la tala, la explotación irracional de recursos forestales. Con el agregado que conservan su pobreza y empobrecen los ecosistemas, la deforestación agudiza la crisis ambiental, favorece el cambio climático. Es tiempo de retomar la senda del manejo racional de los bosques.

En Ixtlahuaca de Ignacio López Rayón.Iglesia de San






Iglesia de San Francisco-

Presidencia Municipal.

Jardín y kiosco de Ixtlahuaca.

La privatización del agua.

Por: Roberto Gómez Navarrete.


Arroyo de Sila.


A la crisis acuífera del presente se agrega una reforma antinaturaleza, la cual repercutirá en la existencia de su calidad de vida de las generaciones futuras.


Nadie de los sabios legisladores ¿Han pensado en el origen natural de los acuíferos superficiales y mantos acuíferos profundos? En la importancia para la vida humana, para la naturaleza toda. Siguen conduciéndose irresponsablemente, todo en aras del mercantilismo, un marco que ciega y que no contempla la vitalidad en riesgo de los recursos hídricos.


El hecho de no tenerle respeto a los recursos naturales, significa no respetar el recurso hídrico necesario para la vida. Las reformas estructurales demostraron el propósito de la apropiación de la naturaleza bajo la dinámica del desarrollo sostenible como el paradigma fácil de la economía de consumo sin reconocer las carencias que aparecieron en el futuro.


Recordemos que hace ya tres años, en 2015 David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua presentó la iniciativa de la ley de agua, se le llamó la “ley Korenfeld”, el escándalo por usar helicópteros oficiales para uso privado le llevó a renunciar. La iniciativa quedo congelada.


Hoy en 2018 y en el final del sexenio de las reformas estructurales en materia de energía que permiten el uso de fracking, de leyes antiecológicas como la ley de bioseguridad que favorece a Monsanto, de decretos que desprotegen a los Parques Nacionales, como la recategorización del Nevado de Toluca, se presenta una vez más la misma iniciativa respecto del agua, ahora presentada por el legislador Ignacio Pichardo Lechuga.


Ante ello especialistas y ciudadanía conscientes levantan con justa razón  la voz, entre ellos la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto de Geografía de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas; quienes han expresado los argumentos en contra de una legislación que sigue favoreciendo la economía de consumo y la explotación irracional del vital líquido.


Miguel Ángel Montoya consultor en gestión integral del agua expresa: si bien convocaron a consulta no se plasman en la iniciativa el derecho al líquido como bien que es de todos. Por el contrario, las inquietudes de la Cámara Nacional de la Industria Minera, los intereses de las industrias refresqueras y del acero fueron asumidas.


Por ello, no está de más levantar una vez más la voz en contra de iniciativas letales para el medio ambiente, y para la sociedad.

Es justa la protesta en contra de la aberración que cobija a los intereses de la iniciativa privada. ¡Nunca más la agresividad a los recursos naturales! El agua es más necesaria que todas las riquezas del mundo.