Crisis forestal en México..

Por Roberto Gómez Navarrete.
Pese a que la Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), afirmaron que fortalecen las acciones de vigilancia para garantizar la conservación, así como la protección y el cuidado de los recursos naturales.

En los resultados publicados por la Plataforma global Forest Watch  se informó que de 2015 a 2016 México ha perdido 253 mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán. La deforestación aumentó en un 37% a nivel nacional, al pasar en este periodo de 184 mil hectáreas a 253 mil hectáreas la superficie aprovechada.

Es así como se configura la crisis forestal del país dado el deficiente control ejercido por las autoridades. Donde se constata que el gobierno tampoco ha cumplido en el ofertar opciones productivas a los taladores ilegales en programas productivos, y los habitantes de zonas forestales siguen viviendo en pobreza. Es decir, sabemos que un alto porcentaje de la madera obtenida ilegalmente es la que sostiene al mercado maderable, y que obtienen beneficios cuantiosos los que la comercializan, mientras que los que talan y dejan sus campos en verdaderos desiertos siguen padeciendo carencias.

¿Dónde están los apoyos del gobierno en la materia?

El discurso oficial habla de apoyos que llegan sólo a unos cuantos, no se toma en consideración en la explotación y aprovechamientos de madera, materiales pétreos y suelo fértil las afectaciones a los ecosistemas, a la biodiversidad. Se privilegian cultivos comerciales, se cambia el tipo de cultivos  como la siembra del aguacate, la soya y la palma de aceite, en zonas con vocación forestal.

El gobierno federal actual se comprometió a reforestar ¡Un millón de hectáreas! Meta alcanzada hoy en un 88.5 por ciento según los responsables.

La Profepa menciona que de 206 a 2017 se han realizado 997 recorridos de vigilancia más 456 operativos en materia forestal. Se han clausurado 146 aserraderos y se ha asegurado 48 mil 146 metros cúbicos de madera en rollo, y se han producido 847 toneladas de carbón vegetal.

¿Cuál es la evaluación final entre lo sembrado y lo arrasado? No se especifica por los responsables de la política ambiental y forestal.

Surgen las interrogantes:
 ¿Cuál ha sido el destino de lo incautado? ¿Quién se beneficia? Es legítimo preguntar ¿Qué destino se da a todos los miles de metros cúbicos de madera en rollo en rollo aprovechados?  ¿Ingresará el monto de su venta al Patrimonio Nacional? ¿Será la SHCP la beneficiaria de estos recursos? o ¿Quedará en manos de funcionarios?

Suponemos que la modalidad de servicios ambientales debería estar presente. De no ser así ¿Qué sucede con estos recursos? ¿Quién garantiza la permanencia del recurso propuesta por el concepto de desarrollo sustentable?

Las clausuras se deben a que no hay autorización, sin embargo, las autorizaciones las dan las mismas dependencias, entonces ¿Cómo se contribuye a la recuperación forestal?

Mientras tanto es un hecho la depredación de los bosques en la entidad, tan sólo en los bosques de Amecameca, en la zona del Izta-Popo la tala clandestina se ha incrementado en un 500 por ciento de 2012 a la fecha, como lo afirmó el expresidente de los bienes comunales Fernando Cisneros Velázquez de. Ante la inamovilidad de la PROFEPA que no actúa de forma seria ni responsable.

La Comisión Nacional Forestal ha aumentado su presupuesto en más de 3 mil 200 por ciento, desde su creación en 2001. Ha aumentado 32 veces desde su creación, sin que las acciones logren erradicar tanto la tala clandestina, como el pastoreo, los incendios y la explotación irracional de bancos de arena y material pétreo. 

En lo social el aumento presupuestal de la CONAFOR se ha dado sin que la situación de pobreza y miseria de los 13 millones de habitantes de zonas arboladas haya mejorado. De acuerdo a datos del INEGI continúan en las mismas o peores condiciones de pobreza.

Los hechos muestran así un despliegue de recursos para conservar las zonas forestales del país, un marco jurídico que norma los aprovechamientos “legales”; sin embargo, la falta de supervisión y el abandono de las zonas forestales y sus habitantes muestra la otra cara, la del desastre forestal que aqueja al país y en especial al Estado de México.

Urge que las instancias estatales: la Protectora de Bosques, PROBOSQUE, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, se coordinen tanto con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA; el ecocidio forestal en el Estado de México debe terminar.

Por otro lado, la política forestal ha incrementado el número de campesinos pobres que se ven obligados a dedicarse a la tala, la explotación irracional de recursos forestales. Con el agregado que conservan su pobreza y empobrecen los ecosistemas, la deforestación agudiza la crisis ambiental, favorece el cambio climático. Es tiempo de retomar la senda del manejo racional de los bosques.