“México creo en ti... El niño Dios te escrituro un establo
Y, los veneros de petróleo ¡el diablo!”: Ramón López Velarde.
Sin embargo la resolución legislativa no ha contemplado los riesgos y costos agropecuarios ni ambientales directamente proporcionales a la fiebre del “oro negro” desatada. Dando lugar a que tanto ejidatarios y comuneros se rebelen en contra de lo que daña sus intereses.
-¡Se ha dado una estocada al agro!- Así lo han manifestado valientemente rechazando que sus predios sean “por ley” susceptibles de perforarse en la búsqueda tanto de petróleo como de gas natural. Y que de concretarse tal agravio, además de ofender su capital natural, los empujara no sólo a emigrar sino también a yacer en los territorios del hambre y la pobreza.
La desconfianza es genérica para PEMEX, nadie cree en la industria que un día de 1938 fue expropiada a las empresas trasnacionales, la misma que al correr de los años se fue transformando en un problema de innumerables patologías, hasta la fecha incurables y sin terapias capaces de hacerlas reversibles. Un enfermo sin remedio.
Donde se ha dado tanto la ineficacia, la ignorancia, la corrupción, además el obstáculo que atora su desarrollo, enquistado en el sindicalismo rapaz amparado por el Estado, él mismo que lo necesita como fortaleza aviesa y de gran funcionalidad en la dinámica electorera.
Hoy surge la locura. ¡Extraer petróleo donde exista! A pesar del optimismo gubernamental acerca de la existencia de hidrocarburos dentro del país, se contrapone la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la misma que aclara que en México las reservas son de vida media en cuanto a su producción: Zonas que van a diez años y otras a 18.6 y a 31.6 años, esperando lo dramático antes de 2040, si acaso. De tal forma que la empresa tendrá que formular programas específicos para optimizar la producción de este activo, durante el curso de su vida útil, de otro modo el desastre energético.
En cuanto al campo mexicano vinculado a la ambición por la extracción de hidrocarburos, existe la regresión al “México bárbaro”, de John Kenneth Turner, cuya crueldad e injusticia se hizo patente en la dictadura porfiriana. Sobre los ejidatarios y comuneros se impone arbitrariamente la espada de Damocles: la ocupación de sus predios por las empresas trasnacionales, bajo la figura engañosa de “ocupación temporal”, bajo una contraprestación en efectivo que cubrirá el pago por afectación de daños, de ocupación, “servidumbre o uso de la tierra”. Todo ello una patraña que las empresas extranjeras jamás pagaran, ya que éstas, una vez que exploten según sus conveniencias se irán, importándoles poco lo que se ha dañado.
Estas y otras irresponsabilidades de los inversionistas lo manifestó Edmund G. Brown, gobernador de California, quien recomienda “mano dura” con las empresas petroleras y eléctricas, requiriéndose para su cabal cumplimiento una regulación adecuada y enérgica, de otra manera a pesar del optimismo manifestado por los hacedores de las reformas, al final “se los comerán vivos…”
Con esta ley energética dirigida al campo mexicano, no sólo la producción agropecuaria se verá afectada: quedarán expuestos todos los ecosistemas, sean éstos marinos, boscosos, incluyendo las selvas, lagunas, manantiales, manglares, humedales, y de otra afectación los lechos profundos de agua; los cuales serán deteriorados al máximo al ser usados en la operación “fracking” (fractura hidraúlica, rompedora de rocas) esencialmente para obtener el gas “shale”, y el petróleo si existe. Todo un complejo perverso de daños ambientales que desde ahora se antojan irreparables.
La demanda y resistencia antes estos desacatos no es exclusiva de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, sino de la sociedad en general, invocando la justicia, el humanismo y todos los derechos humanos…
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